¿Por qué el presidente Vizcarra planteará una cuestión de confianza?

La cuestión de confianza es un instrumento constitucional mediante el cual el Poder Ejecutivo pide el respaldo de la mayoría del Congreso.

Por José Antonio Castro Razuri

En un mensaje que tomó por sorpresa a los ciudadanos el último domingo en la noche, el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, anunció que, basándose en el artículo 133 de la Constitución, planteará una cuestión de confianza al Congreso, debido a las demoras en aprobar las cuatro reformas constitucionales (políticas y judiciales) presentadas por el Ejecutivo hace 40 días para someter a referéndum dichos temas.

La iniciativa nace como respuesta a los supuestos actos de corrupción conocidos a través de la difusión de unos audios (CNM audios)  que involucran a miembros del sistema de justicia, así como políticos y empresarios. Decimos supuestos, porque hasta la fecha las organizaciones encargadas no han logrado acusar o sancionar a todos los implicados. Asimismo, son la respuesta a una serie de proyectos que ya había hecho la bancada como anterioridad así como a un crisis de la legitimidad del Congreso de la República y de partidos políticos.

Ante este panorama, el Gobierno publicó este lunes el decreto supremo que convoca a sesión extraordinaria – una sesión fuera del cronograma ordinario- al Congreso de la República para el miércoles 19 de septiembre, con el fin de que el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, sustente una cuestión de confianza.

¿En qué consiste este recurso?

La cuestión de confianza es un instrumento constitucional incorporado en Constitución Política del Perú de 1979, donde el Premier (primer ministro) se presenta ante el Legislativo (Congreso) para saber si aún mantiene la confianza de la organización. Cabe precisar que la constitución no limita los temas sobre los que se puede plantear el mecanismo.

De ser retirada la confianza por el Congreso, se daría una crisis total del Gabinete Ministerial; es decir, el premier debe presentar su renuncia con todos sus ministros ante el Presidente de la República.

Paso siguiente, se presenta un nuevo Gabinete Ministerial (Premier y ministros)  el cual debe someterse a una nueva cuestión de confianza. De ser rechazada nuevamente, el Gobierno puede disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, basándose en el artículo 134 de la Constitución.

Referéndum o elecciones parlamentarias

Cabe precisar que de darse una posible negación de confianza este miércoles 19, sería el segundo gabinete que cae en menos de dos años. El primero fue en septiembre del 2017, cuando el expremier Fernando Zavala interpuso una cuestión de confianza tras la posible censura de la exministra de Educación Marilú Martens, debido a su manejo en la huelga de maestros  que se extendió por más de 70 días a nivel nacional. El resultado es historia contada, cayó el gabinete presidido por Zavala.

Sin embargo, de aprobarse los proyectos de ley en el Congreso (con 66 votos), estas irían a una consulta popular (referéndum) en la primera semana de diciembre de este año. Cualquiera sea los casos, lo cierto es que a finales de año habría una consulta popular  o nuevas elecciones parlamentarias. Como están las cosas, al parecer pelota está en la cancha del Congreso.

Sobre las reformas

Los cuatro proyectos presentados por el Ejecutivo y que se encuentran actualmente en el Congreso buscan someter a referéndum lo siguiente:

  • Reformar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entidad que se encarga de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales en todo el Perú, así como a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RECIEC).
  • Regular el financiamiento privado que reciben los partidos políticos con el fin de garantizar la transparencia de los aportes de las agrupaciones. Dentro de los diversos puntos se propone que las agrupaciones políticas estén prohibidas de recibir de manera directa o indirecta aportes anónimos, de origen ilícito o de personas naturales condenadas por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavados de activos, terrorismo o crimen organizado.
  • Implementar la bicameralidad (dos cámaras en el Congreso) conformadas por 30 senadores y 100 diputados. Asimismo, la norma establece que la lista de candidatos incluya un 50% de mujeres y un 50% de hombres.
  • Prohibir la reelección inmediata de congresistas, con el fin de impulsar la renovación política.

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